Primera alerta temprana del año en Risaralda lanzó la Defensoría
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001 de 2026 ante el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, debido a la presencia y expansión de grupos armados ilegales que buscan el control territorial y de economías ilícitas.
De acuerdo con el documento, en estos municipios se registra la operación permanente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través del Frente Manuel Hernández El Boche del Frente de Guerra Occidental “Ogli Padilla”, con mayor incidencia en Pueblo Rico y Mistrató.
A su vez, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mediante la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, mantiene una presencia permanente en Mistrató y Belén de Umbría, e intermitente en Pueblo Rico, aprovechando corredores estratégicos que conectan a Risaralda con Antioquia, Chocó y el Valle del Cauca.
La Defensoría advierte que estos grupos armados vienen desarrollando acciones de control social, imposición de normas de conducta, amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad, presencia armada en zonas rurales, panfletos intimidatorios y actos de la llamada “limpieza social”. También se documenta el control de la minería ilegal, el microtráfico y la utilización de corredores rurales para el tránsito de armas y estupefacientes. Estas dinámicas han generado temor generalizado en la población, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, líderes sociales, integrantes de juntas de acción comunal y funcionarios públicos locales.
El informe señala que el riesgo se incrementa por la disputa territorial entre el ELN y el EGC, lo que podría derivar en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En Belén de Umbría, por ejemplo, se documentan prohibiciones a actividades comunitarias, exigencias de listados de líderes comunales y presencia armada intimidante en varias veredas. En Pueblo Rico y Mistrató se han reportado banderas, grafitis y amenazas atribuidas a estos grupos, así como riesgos contra alcaldes y liderazgos sociales.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales adoptar medidas inmediatas de prevención y protección.
Entre ellas, fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en zonas urbanas y rurales, intensificar los controles en corredores estratégicos y áreas mineras, prevenir la estigmatización de la población civil y garantizar la protección de comunidades étnicas.
Asimismo, pidió activar planes de contingencia, atención humanitaria y albergues temporales ante posibles desplazamientos, fortalecer las comisarías de familia y reforzar las acciones institucionales para la protección de niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a la Gobernación de Risaralda, a las alcaldías de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, y a las entidades del orden nacional, para que actúen de manera articulada y oportuna con el fin de evitar una escalada de violencia y proteger la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades en riesgo.

