Ministerio público pidió cuentas a las autoridades frente a medidas adoptadas para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas

La Procuraduría General de la Nación exigió a los ministerios del Interior y Defensa, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación de Risaralda y a la Alcaldía de Mistrató, informar sobre las actuaciones y medidas adoptadas para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas por el reclutamiento forzado de jóvenes y adolescentes.

La solicitud surge tras la denuncia del Resguardo Emberá Chamí, ubicado en el río San Juan de Mistrató, que alertó sobre la presencia de dos grupos armados ilegales en su territorio.

Según el ente de control, esta situación vulnera derechos esenciales como la autonomía, el autogobierno y la autodeterminación, fundamentales para la protección de la identidad, la cultura y el territorio de este pueblo indígena.

El Ministerio Público consideró prioritario que las autoridades nacionales y regionales adopten medidas concretas para frenar estas prácticas y proteger a los menores de edad de ser reclutados por organizaciones al margen de la ley.