Cuatro capturados por presuntas irregularidades en la contratación de las fiestas aniversarias de Dosquebradas en 2022
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el grupo anticorrupción de la Dijín, ejecutó un operativo que dejó cuatro personas capturadas y una más citada a comparecer ante la justicia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de las fiestas aniversarias de Dosquebradas en 2022.
Los hechos investigados giran en torno al convenio de asociación No. 2526 de 2022, por un valor de $761 millones, celebrado en noviembre de ese año, cuyo objetivo era la realización de actividades culturales en el marco de los 50 años del municipio.
Según la Fiscalía, el contrato fue adjudicado de forma directa al concejal Carlon Londoño Sánchez, del municipio de Belén de Umbría, utilizando como intermediario a Jorge Augusto Arias Orozco, representante legal de la Fundación Marchando por Colombia, entidad que habría servido de fachada.
Los funcionarios capturados fueron Natalia Trilleras Giraldo, directora operativa de Cultura en 2022, quien avaló estudios, documentos y supervisó el contrato, la asesora de prensa y comunicaciones de la Alcaldía de ese entonces y también supervisora del convenio, Jorge Augusto Arias Orozco, representante de la fundación contratada, Carlon Londoño Sánchez, actual concejal y expresidente del Concejo de Belén de Umbría, señalado como presunto beneficiario final de los recursos públicos.
Las capturas se realizaron desde la tarde del miércoles en distintos puntos de Dosquebradas y municipios cercanos.
También está vinculada a la investigación Yolima María Bueno Mendoza, secretaria de Cultura en 2022 y actual secretaria de Desarrollo Social del municipio. Aunque tenía orden de captura, esta no pudo hacerse efectiva debido a que las autoridades no contaban con orden de allanamiento para ingresar a su vivienda.
De manera extraoficial, se conoció que Bueno Mendoza se presentará voluntariamente ante las autoridades, en compañía de su abogado.
La investigación indica que la fundación contratada no ejecutó directamente los recursos asignados, sino que estos habrían sido transferidos al concejal Londoño. Además, tanto las supervisoras como el contratista certificaron la ejecución total del convenio, a pesar de conocer esta situación.
El perjuicio al Estado estaría estimado en más de $242 millones, dinero presuntamente apropiado por el concejal a través de esta maniobra.
A la fecha, el convenio aún no ha sido liquidado por la administración municipal, casi tres años después de su celebración.
La Fiscalía 28 Seccional de Administración Pública presentará ante un juez las capturas para su legalización e imputará cargos por los delitos de Peculado por apropiación, Interés indebido en la celebración de contratos, Falsedad ideológica en documento público.
Asimismo, se solicitará medida de aseguramiento para los implicados, mientras continúan las investigaciones sobre este nuevo escándalo de corrupción que salpica a funcionarios públicos y un cabildante en ejercicio.