Contraloría y Procuraduría con los ojos sobre la ANI por posible terminación anticipada de concesión de Autopistas del Café
La Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicar si actualmente estudia una terminación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Café y detallar el impacto financiero que tendría una eventual reducción en las tarifas de peaje en el Eje Cafetero.
El requerimiento surgió luego de los recientes anuncios del presidente Gustavo Petro, quien planteó la posibilidad de desmontar los peajes y recuperar el control estatal del corredor vial entre Armenia, Pereira y Manizales. Según el mandatario, el Gobierno analiza alternativas como comprar el tiempo restante de la concesión, vigente hasta febrero de 2027, o asumir el costo de los peajes con recursos públicos mientras culmina el contrato actual.
La Contraloría pidió a la ANI precisar cuáles serían las compensaciones económicas que tendría que asumir el Estado frente al concesionario en caso de una terminación anticipada. También solicitó los estudios técnicos que sustenten una eventual rebaja tarifaria para vehículos de categorías 1, 2 y 3, así como la fuente de financiación que cubriría el menor recaudo.
En el oficio, el organismo de control advirtió sobre posibles riesgos fiscales derivados de decisiones que puedan afectar el equilibrio financiero de la concesión. Entretanto, la concesionaria Autopistas del Café aseguró que no ha recibido una notificación oficial sobre una eventual finalización anticipada del contrato y reiteró que este continúa vigente hasta 2027.
LA PROCURADURÍA TAMBIÉN PIDE CLARIDAD
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una vigilancia preventiva frente a la incertidumbre sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café, que comprende la vía Armenia-Pereira-Manizales, y el estado de la iniciativa privada IP Conexión Centro.
Ante las preocupaciones manifestadas por autoridades territoriales y gremios sobre una eventual terminación anticipada del contrato y el desmonte de peajes, el órgano de control exhortó al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para garantizar la transparencia en la toma de decisiones.
La Procuraduría advierte sobre los riesgos de posibles incumplimientos contractuales, afectaciones a la sostenibilidad financiera de proyectos estratégicos y la interrupción de las obras de mantenimiento vial.
Por ello, ha solicitado informes detallados y la apertura de espacios de participación ciudadana para asegurar que cualquier ajuste en la infraestructura regional se realice bajo criterios técnicos, financieros y jurídicos claros que protejan el interés público y la conectividad del Eje Cafetero.