Así comercializaban la carne de caballo

Este es el momento cuando un comprador clandestino le discute al vendedor miembro de una banda dedicada a vender carne de caballo y de ganado en mal estado, sobre lo dura y fea que llegó el producto a la carnicería.

En este siguiente audio se escucha a una de las capturadas negociando la carne que va a comprar para las empanadas.

Las autoridades, en este caso la Fiscalía, logró obtener más audios sobre la negociación de un caballo gordito, que murió enfermo

Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, en defensa de los recursos naturales permitieron identificar una actividad ilícita, que representa riesgo para la salud y la vida de la ciudadanía.

Se trata del sacrificio clandestino de caballos, y la posterior comercialización de la carne en Pereira y otros municipios de Risaralda, el Eje Cafetero y departamentos cercanos.

El material de prueba da cuenta de que animales enfermos, fracturados, en mal estado físico o muertos eran adquiridos en distintos puntos del país, traslados para su sacrificio a una finca en la vereda el Chocho, en zona rural de Pereira. Esta actividad se ejercía en pésimas condiciones de salubridad y sin los permisos de ley. Posteriormente, la carne era transportada en vehículos particulares, sin conservar la cadena de frío.

Abundante evidencia técnica da cuenta de que este producto era vendido a carnicerías, industrias de empanadas y procesadoras de otros alimentos.

Los cálculos preliminares indican que la red delictiva que estaría involucrada en este andamiaje ilegal habría comercializado, aproximadamente, 60 toneladas de carne de caballo y bovino, entre 2020 y 2021.

Declaraciones de la directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Deicy Jaramillo Rivera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; y daño a los recursos naturales.

Los procesados no aceptaron los cargos y, en su contra, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad.