El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el segundo balance de los trámites que deben surtir un proceso de racionalización, en cumplimiento de la Ley anti-trámites 2052 de 2020.
En total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional y territorial, que corresponden a trámites que debieron simplificarse al 31 de diciembre de 2021 y no se reportó su cumplimiento.
De acuerdo con el reporte, en las entidades nacionales hay 1.439 trámites por racionalizar, en tanto que en las municipales y territoriales la suma asciende a 1.461.
