¿Quién sería el de la idea?

¿Quién sería el de la idea?

  Por Juan Antonio Ruiz Romero   Desde que el alcalde Enrique Vásquez firmó el decreto 716 del 18 de septiembre pasado, a través del cual se prohibió que las personas duerman o ejerzan la mendicidad de manera estacionaria en el espacio público, había sospechas de lo que podría degenerar una medida de esas características. En la columna titulada “Pereira Paradise” publicada en La Tarde, el jueves 20 de septiembre pasado, advertíamos: “Para que sea una Ciudad bella, limpia y ordenada, mandamos a recoger a los habitantes de la calle que la afean. Aunque son más de mil indigentes, la mayoría habituales consumidores de sustancias tóxicas y el municipio carece de albergues para atender ese volumen de población, la estrategia está clara: “vamos a cansarlos con los operativos”, “vamos a “sensibilizarlos” para que se vayan a sus sitios de origen” y, a los demás, vamos a esconderlos en un albergue, donde, sin resolver sus problemas, brindaremos a los demás ciudadanos la impresión de que los andenes y parques “están limpios. El abogado Edgar Augusto Arana considera la medida inconstitucional y asegura que “la pobreza, la indigencia y la drogadicción no se pueden sacar de las calles por decreto”. El sacerdote Benicio Enrique Montes, quien lleva más de 20 años trabajando con población vulnerable, considera que es riesgoso “criminalizar a los habitantes de la calle” y reconoció que “para muchas personas esa es una opción de vida.” Dicho y hecho. El jueves pasado nos despertamos con la denuncia pública que hizo el Personero de La Pintada, a través de RCN Pereira: siete habitantes de calle de Pereira fueron narcotizados y arrojados en una finca de ese municipio antioqueño. Según el testimonio de los mismos indigentes, que fueron encontrados inconscientes en un predio rural y recibieron atención médica en el Hospital local de La Pintada, en donde se determinó que habían sido drogados, “fueron abordados en Pereira por un grupo de funcionarios de la alcaldía de Pereira, los bomberos y la fuerza pública, que les ofrecieron un chocolate y una ración de comida”. El chocolate les supo amargo y luego, cuando despertaron estaban en urgencias, a 140 kilómetros y más de tres horas de distancia de Pereira. La investigación disciplinaria, abierta por la Personería de Pereira y la Defensoría del Pueblo, busca establecer quienes fueron los funcionarios responsables del caso, en una abierta violación a la Convención Interamericana de los derechos humanos. El secretario de gobierno municipal Juan Carlos Valencia desestimó las denuncias y dijo que “a quien se le ocurre que el municipio vaya a gastar dinero para llevar a los habitantes de la calle a lugares tan distantes”. Por su parte, el Alcalde de Pereira, Enrique Vázquez rechazó enérgicamente los hechos y pidió una investigación de la Fiscalía y la Procuraduría “porque no voy a permitir que en mi administración y menos en nuestra ciudad, se cometan actos de esa naturaleza”. En el decreto por medio del cual se prohíbe dormir en la calle, se habla de las medidas a adoptar con los habitantes de la calle que van “desde la sensibilización a la población para que no ocupen dichos lugares, hasta el traslado a un lugar adecuado”. Lo que nadie sabía es que ese “lugar adecuado” era tirarlos en una finca de La Pintada.     ]]>