Indignación ejemplarizante

Por Juan Antonio Ruiz Romero

Nadie duda en Colombia de la necesidad de una profunda reforma al sistema de justicia. Pero una reforma de verdad. Diferente a la que aprobaron a las carreras, la cual premiaba a los magistrados de las altas cortes con ampliación de periodo a 12 años; que eliminaba el régimen de inhabilidades de los legisladores y que traspasaba a la Corte Suprema de Justicia la investigación de los aforados, con lo cual quedaban en el aire más de 1.300 procesos por escándalos como los de la parapolítica, las chuzadas telefónicas, Agro Ingreso Seguro y las investigaciones por pérdida de investidura a 40 congresistas. En este caso, las redes sociales se convirtieron en el detonante para advertir, cuestionar y generar una oleada de rechazo, pocas veces vista en la historia reciente del país. Aunque son habituales las críticas al comportamiento poco ético y amañado de los senadores y representantes, en esta ocasión, los “padres de la patria”, que participaron en la conciliación, actuaron con total descaro y sin la menor vergüenza: legislaron en causa propia y sentaron un oscuro precedente acerca de cómo los intereses personales y políticos, priman sobre cualquier otra consideración. Los diferentes análisis jurídicos de la Reforma demuestran que las decisiones adoptadas por los conciliadores tenían una intencionalidad manifiesta: beneficiar a centenares de delincuentes de cuello blanco, procesados por diferentes cargos, y cerrar la puerta para que a ellos no les suceda lo mismo. Aquellas excusas de que “actuaron de buena fe” o que “desconocían los alcances de dicha medida”, suenan falsas y acomodadas. Los colombianos esperamos una verdadera Reforma a la Justicia para destrabar los tres millones de procesos pendientes, que son fuente de impunidad y descrédito para la rama. Queremos unos magistrados, jueces y funcionarios que accedan a los cargos por su inteligencia, capacidad, formación y mérito propio y no como simples cuotas burocráticas del concubinato político-judicial. Deseamos un equilibrio real de poderes, con una estructura judicial autónoma, con criterio, que no se venda por prebendas ni se deje manosear ni matonear del ejecutivo o el legislativo. En esos términos es que deseamos una Reforma a la justicia. De lo contrario, el ciudadano se seguirá preguntando porque un ex congresista que se comprometió a “refundar la patria” con grupos armados ilegales que asesinaron, violaron, despojaron de tierras a los campesinos y se financiaron con dineros del narcotráfico, reciban condenas de 7 u 8 años de cárcel, que pueden convertirse en 2 o 3 años por buena conducta, trabajo en la cárcel o estudio; mientras que un vendedor de libros piratas puede ser sentenciado a 5 años de cárcel. Tenemos que dosificar las penas, porque un ministro, un secretario de la Presidencia; un director de Departamento Administrativo o un congresista tienen relevancia personal y profesional y deben ser ejemplo para los ciudadanos. Y, si cometen un delito, las sanciones también deben ser ejemplarizantes. Esa sí sería una reforma a la Justicia.]]>

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